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Gobierno regula exclusividad policial y ‘amnistía’ para entrega de granadas

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Unos dicen que no bajará el delito y que nada de lo planificado cortará el flujo que alimenta el mercado negro. Otros, que el resultado será inmediato para frenar el aumento en la inseguridad. Lo cierto es que desde ayer el gobierno otorga un plazo de 90 días para que aquellos ciudadanos que tengan en su poder armas de fuego, municiones, granadas de guerra u otros explosivos sin autorización los entreguen voluntariamente sin ninguna sanción.
El Decreto Legislativo 1227 precisa que estos materiales pueden entregarse a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), comisarías u otras dependencias policiales.
La norma indica que, además de granadas sin autorización, los ciudadanos pueden entregar armas de fuego que hayan sido modificadas o cuyo número de serie sea ilegible o erradicado.
El Ejecutivo garantiza el anonimato para quienes se acojan a esta medida. Además, quienes tengan una multa pendiente con Sucamec serán beneficiados con la condonación de la deuda si regularizan su situación en el plazo estipulado.
Los requisitos son: que no cuenten con la autorización respectiva; que hayan sido objeto de modificación, en cualquiera de sus partes o componentes; que tengan el número de serie erradicado o ilegible; que sean municiones en cualquier estado y cualquier tipo; o que sea cualquier tipo de explosivo o artefacto explosivo.
Si se tratara de granadas de guerra o explosivos (dinamita), se contará con el apoyo de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX).

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